Panorámica social S.O.S.

¿Se ha completado la feminización del espectro político en España?. La carrera por erradicar la desigualdad de representación entre hombres y mujeres en el poder político no es una reivindicación nueva. Si analizamos la historia española de las últimas décadas, se han conseguido diferentes hitos para alcanzar la participación paritaria de las mujeres en la arena política, como el sistema de cuotas de participación política y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Pero la participación femenina en la toma de decisiones políticas no ha evolucionado con tanta rapidez como lo fue la incorporación de la mujer al mercado laboral. El acceso de las mujeres a la toma de decisiones, ha superado barreras estructurales en las vías tradicionales de poder, como partidos políticos;  y barreras ideológicas, que han supuesto la adopción de medidas positivas orientadas a eliminar la persistente infra-representación y, algunas veces, la marginalización de las mujeres en la vida política.

Los pasos que han contribuido a la incorporación de la mujer a puestos de liderazgo han surgido de la preocupación de la legislación por combatir el trato desigual, impulsada por movimientos sociales o aspectos claves como el acceso a la educación en igualdad de condiciones. Aún así, el modo en el que ejerce la mujer la política, según analiza Amelia Valcárcel en su libro 'La política de las mujeres', Cátedra, Madrid 1997 (113-147), no siempre se asemeja al de los hombres.

La autora plantea que hay tres aspectos fundamentales que caracterizan el modo en que se permite a estas mujeres ejercer esta tarea. En primer lugar, y adoptando una expresión de la filósofa y teórica del feminismo, Celia Amorós, señala que las mujeres ocupan el poder 'sin la completa investidura', o con el imperativo de que sus decisiones sean validadas por una posición jerárquica superior o una figura masculina.

En segundo lugar, aparece lo que la autora presenta como los tres votos clásicos: pobreza, castidad y obediencia.  Las mujeres ocupando posiciones de poder político han de observar el voto de pobreza, por ejemplo, ante una circunstancia de talante económico susceptible de crítica, una mujer recibe una penalización de mayor envergadura que un hombre. Deben reprobar el voto de la castidad, se asume que las 'frivolidades' privadas de un hombre deben permanecer en el ámbito privado, algo que no se aplica con las mujeres. Además, han de asumir el voto de obediencia, se tolera que un hombre proponga una opinión divergente a la planteada, algo que en el caso de las mujeres se transforma en desobediencia.  Y en tercer lugar, se permite a las mujeres que ostenten el poder bajo la premisa de aportar virtudes clásicamente femeninas.

Estas premisas simbólicas son consecuencia, según la autora, de la inexistencia de un ejercicio de poder de la mujer como colectivo, un ejercicio que según los datos que recoge la publicación 'Mujeres y hombres en España 2010' del Instituto Nacional de Estadística (INE) está alcanzando cuotas reales de participación durante los últimos años. Según dicha publicación la afiliación femenina en 2010 era del 34,4% mientras la participación en órganos ejecutivos del 31,0%.

Este porcentaje desvela que la afiliación y representación política de la mujer ha dejado de ser un hecho aislado e insólito, pero que todavía no tiene un crecimiento firme, y que la mayoría de los cargos de influencia siguen siendo ocupados por hombres. Además, España ocupa en 2010 el cuarto lugar de la UE en participación femenina en los parlamentos nacionales con un 36,3% del total, situándose por encima de la media de los veintisiete en casi 13 puntos porcentuales.

Este porcentaje no es igual de positivo en todas las administraciones. En las elecciones generales que se celebraron en el año 2008, ni en el Congreso ni en el Senado se alcanzó una participación equilibrada de acuerdo a lo fijado en LO 3/2007 que establece por participación equilibrada aquella en la que el porcentaje de cada uno de los dos sexos no sea inferior al 40% ni superior al 60%. Si bien en ambas cámaras el porcentaje de mujeres se vio incrementado respecto a los resultados obtenidos en la anterior legislatura.

Si además analizamos los datos del apartado de 'Toma de decisiones' de la misma publicación del INE del año 2007, observamos como ha ascendido lentamente el porcentaje de representación. Por ejemplo, el número de alcaldesas creció desde un 2% en 1983 hasta un 12% en 2003;  la representación en el Parlamento aumentó desde un 19,47% en 1999 hasta un 37% en 2006, y el porcentaje de mujeres en el Congreso de los Diputados dio un salto desde  4,57% en 1982-1986 hasta un 36% en 2004-2008.

Con los datos en la mano podemos afirmar que hemos llegado a una igualdad formal, pero, volviendo a reflexionar sobre los votos clásicos de la mujer, podemos temer que todavía falte camino por recorrer para reequilibrar su posición en el ámbito político. Aspectos como las virtudes clásicamente femeninas o su responsabilidad en el ámbito privado, dificultan su participación activa en instituciones políticas. Para favorecer la participación hay que evolucionar junto a los nuevos modelos de familia, al reparto de tareas entre hombres y mujeres, y en general, a los cambios sociales.

Unos cambios que también son políticos. Ahora que queda claro la necesidad de igualdad de representación política de la mujer, el primer gobierno de España que tuvo el mismo número de ministros y ministras, el Gobierno del PSOE,  ha perdido la paridad al situar a siete mujeres frente a nueve hombres, y prescindir del órgano que creó para tener en cuenta la perspectiva de género, el Ministerio de Igualdad, ahora de Sanidad y Asuntos Sociales.

Si además se produce otro cambio dentro del Ejecutivo y gana en las próximas elecciones el Partido Popular, la filosofía en materia de participación de las mujeres cambiaría (el PP fue el único partido que se abstuvo en el voto de la LO 3/2007). Los populares ponen énfasis, frente a la política de cuotas y al establecimiento de criterios de paridad, los derechos individuales y la igualdad de oportunidades. Consideran falsa la democracia paritaria, y apuestan por la igualdad plena en todos los sectores en función de los criterios de méritos y capacidad de cada persona.

Aunque el cambio ideológico hacia la igualdad sería diferente en el supuesto de que ganase el PP, los logros conseguidos hasta el momento no quedarían en papel mojado. El PP tiene a cuatro mujeres (de trece autonomías) al cargo de presidencias autonómicas, y entre sus metas pretende eliminar cualquier tipo de discriminación y asegurar la igualdad de oportunidades. Una igualdad de oportunidades en una sociedad que ha demostrado que la representación política de la mujer, más allá de ser una exigencia básica de justicia o democracia, es una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses del colectivo en igualdad.