Panorámica social S.O.S.

La ley de la amnistía brasileña fue establecida para buscarse la pacificación del país. Esta fue una de las tesis defendidas en el Tribunal Supremo Federal de Brasil  (STF, por sus siglas en portugués) para rechazar, el pasado 29 de abril, la demanda que, de aprobarse, permitiría revisar la legislación cuya vigencia impide se llevar a juicio los representantes del Estado acusados de practicar actos de tortura durante el régimen militar brasileño (1964-1985). Con el voto de siete jueces contra dos que aceptaron la revisión de la Ley 6683/1979, la Corte Suprema se pronunció por la constitucionalidad de la norma que concedió el presunto perdón tanto a los militares como a sus adversarios. El propio Ministro de la Justicia de Brasil, Tarso Genro, (que recientemente se ha retirado del gobierno para postularse a gobernador de uno de los estados de la federación), considera que “el fallo del STF revela que pese la madurez política alcanzada, todavía persiste el miedo de la dictadura en Brasil”.

Paradójicamente a sus aspiraciones de liderazgo regional, e incluso global, Brasil ha tirado en el basurero su chance histórica de hacer valer sus posiciones de defensor de los derechos humanos y de empezar a ganar real credibilidad en la comunidad internacional sobre la materia. Pero mucho más que esto, desde el punto de vista interno, el poder judiciario del país podría haber finalmente empezado un proceso de generación de confianza de sus ciudadanos en las instituciones nacionales, podría haber establecido la Memoria Histórica como un verdadero pilar conceptual de un país que se quiere llamar democrático. No lo hizo. Los torturadores seguirán libres, sin juzgamiento y ni siquiera serán conocidos públicamente.

Brasil ahora ocupará su vergonzoso puesto de reo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que juzgará las demandas referentes a los desaparecimientos de presos políticos durante la guerrilla del Araguaia (1972-1975). El caso ha tramitado durante 12 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente ha llegado a la Corte. La expectativa es que el fallo sea proferido hasta el final de este año.

Se ha impuesto en Brasil la tesis de que la amnistía fue producto de un acuerdo político y que este tiene más peso e importancia que la defensa de los derechos humanos.  “El Supremo ha consagrado la regla de oro de los dictadores, que dice que antes de soltar el poder no deben olvidarse de promulgar una amnistía para ellos mismos”, dijo el presidente de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, Paulo Abraao.

La ley de amnistía permanece como el gran reto brasileño en derechos humanos y, consecuentemente, en democracia, permanece vigente la desmemoria. Brasil ha oficialmente establecido la legitimación judicial de la tortura. La amnistía establecida en 1979 fue para los crímenes políticos en el periodo da la dictadura. Por lo tanto, stricto sensu,  la decisión del STF no se trataba de una revisión de la ley porque tortura no es crimen político, sino contra la humanidad, y los gobiernos militares nunca ha reconocido la tortura como un acto oficial del Estado.

Con el fallo del STF, Brasil ha firmado su renuncia de la posibilidad de convertirse en modelo de lucha por la Memoria Histórica. Muy diferentemente de sus vecinos suramericanos, el país se hizo un ejemplo de impunidad. Su participación, en marzo de 2009, en el “Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador” apuntaba como una importante muestra de la posibilidad de desarrollar políticas oficiales de cooperación sobre este tema. Esta lucha histórica de innúmeras organizaciones e individuos contra la impunidad, la herida conscientemente dejada abierta en la sociedad desde la promulgación de la amnistía “amplia e irrestricta” en 1979, tiene sus representaciones dentro del proprio gobierno federal brasileño.

Las posiciones de las autoridades gubernamentales y judiciales están divididas. Entre los que siempre ha criticado la posibilidad de revisión de la ley están el ministro de Defensa, Nelson Jobim, para quien el nuevo examen de la ley seria revanchismo; el jefe de la Advocacia Geral da União, José Antonio Dias Toffoli, que defiende la constitucionalidad de la ley de amnistía y que los crímenes practicados han prescrito; y del ex - presidente del STF (que dejó el cargo una semana antes de la votación sobre la legislación), Ministro Gilmar Mendes, para quien no sería posible distinguir entre los crímenes cometidos por agente del Estado y de organizaciones contra el régimen.

Del otro lado están el Orden de los Abogados de Brasil (OAB), entidad promotora de la demanda Arguiçao de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF -153, cuyo presidente, Cezar Britto, ha declarado que la revisión de la de amnistía es vital para consolidar la democracia en Brasil; el titular de la Secretaria Especial de Derechos Humanos de la presidencia de la República (instituida durante el gobierno Lula),  Paulo Vannuchi, que defiende que la tortura es un crimen imprescriptible y el ex -  ministro de Justicia de Brasil, Tarso Genro, ya mencionado, que pide la desclasificación de los archivos militares y el castigo penal de los responsables de las torturas cometidas durante la dictadura.

Análogamente, el geográficamente pequeño El Salvador, en Centroamérica, también posee una sociedad dividida sobre el tema, donde hay un lado que considera la búsqueda por verdad, justicia y reparación – la base de la Justicia Transicional – un peligro para la paz alcanzada en el país después de los Acuerdos que pusieran un final a una violentísima guerra civil de 12 años (1980-1992). Del otro lado, organizaciones de la sociedad civil no se conforman en aceptar únicamente esta paz negativa y denuncian la necesidad de una verdadera reconciliación nacional y construcción de paz basada en la promoción de los derechos humanos y de la Memoria Histórica.

En el nuevo El Salvador gobernado por la izquierda acabar con la desmemoria que contribuye para entorpecer la posibilidad de paz en el país es también parte (o lo era) de las expectativas depositadas en la gestión Mauricio Funes. El ex guerrillero FMLN, el partido hoy en el poder Ejecutivo, manifiesta expresamente en su programa de gobierno que promoverá la Memoria Histórica como parte de los  mecanismos para consolidar la paz que está en la base de sus objetivos. El presidente Funes pidió perdón en nombre del Estado salvadoreño a las víctimas de la guerra, además de otras iniciativas de reconocimiento, pero las pendencias en verdad, justicia y reparación siguen iguales.

Funes ya ha señalado que no está interesado en derogar la ley de amnistía. Durante la inédita conmemoración oficial  de los 30 años de la muerte de monseñor Óscar Romero, única acción de reparación promovida por el Estado salvadoreño, el presidente dijo que la derogación de la ley no le compete al Ejecutivo sino a los “organismos jurisdiccionales” y a la Asamblea Legislativa. Lo mismo ha hecho Lula en Brasil, e esta es  la posición también de su protegida, candidata a sucesión presidencial, Dilma Roussef.

Las similitudes brasileñas con el proceso salvadoreño de reconciliación nacional y construcción de una paz positiva son evidentes – la negación de la memoria; el intento por el borrón y cuenta nueva; la falsa consolidación de la democracia, pues se basa en el miedo de enfrentar el pasado. Y Brasil, que parecía que avanzaba a pesar de la lentitud y con divergencias internas, dio un enorme salto hacia tras con la negativa en revisar su ley de amnistía.